
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada ponente
Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00763-01
(Aprobado en sesión del cinco de noviembre de dos mil veintiséis)
Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026).
Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 30 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acción de tutela instaurada por Ángel Leonardo Díaz Villar contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de reorganización empresarial radicado 68001-31-03-007-2019-00330-00.
ANTECEDENTES
PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES
El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada con ocasión del auto del 17 de febrero de 2025, que mantuvo la terminación de su proceso de reorganización empresarial por desistimiento tácito.
Como hechos jurídicamente relevantes, se tienen los siguientes:
Ángel Leonardo Díaz Villar, como persona natural comerciante, solicitó su reorganización empresarial ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, que el 6 de febrero de 2020 admitió la petición, lo designó promotor y le ordenó presentar, dentro de los 40 días siguientes, el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, incluidas las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y el inicio del proceso.
El 16 de noviembre de 2021 el despacho lo requirió para que, dentro de los 30 días siguientes, acreditara el cumplimiento de las órdenes del auto admisorio, entre ellas, la presentación del proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto, bajo la advertencia de decretar el desistimiento tácito.
El deudor formuló reposición y, en subsidio, apelación, al considerar inaplicable esa consecuencia a los procesos concursales, pero el 22 de agosto de 2022 el juzgado mantuvo el requerimiento y negó la alzada por tratarse de un asunto de única instancia.
El 19 de julio de 2023 la autoridad judicial terminó el proceso por desistimiento tácito, con fundamento en el numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso, porque no se cumplieron las cargas requeridas y ordenó devolver los procesos ejecutivos y sus medidas cautelares a los juzgados de origen.
El interesado interpuso reposición y, subsidiariamente, apelación, reiteró la incompatibilidad del desistimiento tácito con el trámite concursal y afirmó que acreditó las inscripciones, comunicaciones y avisos ordenados.
El 17 de febrero de 2025 el juzgado mantuvo la terminación al considerar aplicable el artículo 317 del Código General del Proceso por remisión del artículo 124 de la Ley 1116 de 2006 y advertir que venció el requerimiento de 30 días sin cumplirse las cargas pendientes, incluida la presentación del proyecto de créditos y derechos de voto; también negó la apelación por tratarse de un proceso de única instancia.
El deudor controvirtió la negativa de la alzada mediante reposición y queja. El 18 de febrero de 2026 el despacho mantuvo su determinación y dispuso remitir el expediente al superior para resolver esta última.
El 18 de marzo de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga mantuvo la negativa de conceder la apelación.
El promotor acudió al amparo porque, a su juicio, se desconocieron los precedentes sobre la improcedencia del desistimiento tácito en asuntos concursales y se omitió valorar las pruebas del cumplimiento de las cargas, así como las actuaciones realizadas entre febrero y junio de 2023.
También reprochó que el auto del 17 de febrero de 2025 sustituyera el numeral 2 del artículo 317 por el numeral 1, sin permitirle controvertir ese nuevo fundamento, y afirmó que el proyecto de créditos se aportó con la solicitud inicial, por lo que correspondía al juzgado disponer su traslado.
En consecuencia, pidió dejar sin efectos el auto del 17 de febrero de 2025 y ordenar una nueva decisión conforme a los lineamientos del juez constitucional.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga contestó que el proceso se adelantó con observancia de las normas aplicables y de las garantías de defensa y contradicción, sin actuaciones arbitrarias, y remitió el expediente digital.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN
El Tribunal negó el amparo por improcedente al considerar que la controversia careció de relevancia constitucional, pues la aplicación del desistimiento tácito contó con respaldo normativo y jurisprudencial, el requerimiento previo permitió conocer y controvertir la carga pendiente y las actuaciones de los acreedores no sustituyeron la presentación del proyecto actualizado de créditos y derechos de voto.
El tutelante impugnó sin manifestar los motivos de su inconformidad.
En escrito posterior reprochó que no transcurrió el año de inactividad y cuestionó que el juzgado cambiara el fundamento del desistimiento al resolver la reposición.
También cuestionó que los errores del auto del 22 de agosto de 2022 impedían tener por resuelto el recurso contra el requerimiento, que el proyecto inicial no necesitaba actualización y que se desconocieron las pruebas de cumplimiento de las demás cargas.
Finalmente, alegó que la falta de presentación del proyecto daba lugar a la remoción del promotor y no al desistimiento tácito.
CONSIDERACIONES
Se revocará el fallo impugnado y, en su lugar, se concederá el amparo, porque el juzgado terminó la reorganización sin considerar que podía superar el incumplimiento mediante el reemplazo del promotor, como pasa a explicarse.
Del desistimiento tácito en los procesos de reorganización
Procedencia del desistimiento tácito en la reorganización
La reorganización regulada por la Ley 1116 de 2006 busca proteger el crédito y procurar la recuperación y conservación de la empresa mediante un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, y comprende tanto a las sociedades como a las personas naturales comerciantes.
Su carácter universal significa que la reorganización reúne en un solo proceso todos los bienes del deudor y a todos sus acreedores para procurar un acuerdo de pago, por lo que su terminación repercute en quienes concurren al trámite, aunque estos conservan la posibilidad de exigir individualmente sus créditos por las vías judiciales correspondientes.
Esa naturaleza no excluye el desistimiento tácito, pues el artículo 124 de la misma ley remite a las disposiciones procesales generales en los asuntos no regulados expresamente, fundamento a partir del cual la Sala ha considerado razonable su aplicación en distintas reorganizaciones.
Así, en la STC2337-2018 avaló la decisión que terminó un trámite después de un año sin actuación, mientras estaba pendiente el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, al estimar admisible acudir al numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso por la remisión del artículo 124 de la Ley 1116 de 2006.
Posteriormente, en la STC1150-2021, encontró razonables las decisiones que decretaron el desistimiento ante el incumplimiento de las cargas relativas a la notificación de los acreedores y la presentación del proyecto, pese a los tres requerimientos efectuados a la promotora.
En la STC15688-2022 también consideró suficientemente motivada la terminación de una reorganización en la que permanecían pendientes la inscripción de la apertura en el registro mercantil y la presentación del proyecto actualizado para incorporar acreencias reconocidas durante el trámite, pese a los requerimientos realizados.
Por su parte, en la STC154-2023 avaló la terminación ante la falta de acreditación del enteramiento efectivo de los acreedores, pues la interesada no demostró la recepción de las comunicaciones ni atendió las exigencias dirigidas a procurar su vinculación.
Estos pronunciamientos descartan una prohibición general de aplicar el desistimiento tácito en las reorganizaciones, pues evidencian que dicho mecanismo opera como una herramienta para evitar la paralización indefinida del trámite cuando el deudor o los sujetos llamados a impulsar el procedimiento incumplen las cargas procesales indispensables para su avance. En esa medida, la naturaleza universal del proceso no constituye, por sí sola, una razón suficiente para excluir la figura, ya que la finalidad de preservar la empresa y proteger los intereses de los acreedores supone también el desarrollo diligente de las actuaciones necesarias para alcanzar un acuerdo de reorganización.
1.2. Aplicación del desistimiento tácito en otros trámites de insolvencia
Aunque corresponde a un procedimiento diferente, recientemente la Sala en la providencia STC19305-2026 precisó que el desistimiento tácito procede en la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante y del pequeño comerciante en los supuestos expresamente previstos en el numeral 1 del artículo 564 del Código General del Proceso.
Dicha providencia identificó dos eventos: cuando el deudor actúa como liquidador e incurre en una falta grave que ocasiona una demora significativa e injustificada, y cuando desatiende los gastos de la liquidación que le corresponden ante la ausencia de recursos en efectivo en el inventario.
Sin embargo, concedió el amparo porque el juzgado terminó el proceso por la falta de pago de los honorarios sin resolver las solicitudes oportunas del deudor relacionadas con su cumplimiento, de modo que existía una actuación pendiente a cargo del despacho que impedía atribuir la paralización exclusivamente al interesado.
Ese precedente no traslada sus causales a la reorganización, pero muestra que incluso una autorización legal expresa para decretar el desistimiento exige examinar las circunstancias del incumplimiento y las actuaciones que corresponden al juez.
Presupuestos de aplicación y deber de prudencia judicial
El numeral 1 del artículo 317 del Código General del Proceso exige un requerimiento previo para cumplir, dentro de los 30 días siguientes a su notificación por estado, una carga necesaria para continuar el trámite, mientras que el numeral 2 contempla la inactividad durante el plazo legal, sin requerimiento previo.
Respecto de la primera modalidad, la Sala precisó que «solo “interrumpirá” el término aquel acto que sea “idóneo y apropiado” para satisfacer lo pedido», de manera que la eficacia de las actuaciones debe valorarse en función de la carga requerida y no de su sola incorporación al expediente (CSJ STC11191-2020).
En la segunda, corresponde valorar si las intervenciones permitieron avanzar según la etapa procesal y verificar que la inactividad persista cuando se solicite la terminación o el juez examine de oficio esa posibilidad.
En todo caso, la aplicación de la figura exige prudencia, como lo recordó la STC16984-2025 al advertir que no puede imponerse «de forma automática, irreflexiva ni abstracta, sino con prudencia, sensatez y moderación», para lo cual deben examinarse la naturaleza del proceso, la calidad de las partes y las circunstancias particulares.
En ese asunto, relativo a una expropiación, la Sala concedió el amparo porque se confirmó la terminación sin valorar suficientemente las finalidades del procedimiento, sus efectos sobre el interés general y las herramientas de impulso oficioso disponibles, criterio que exige atender al contexto de cada actuación sin equiparar procedimientos distintos.
Tratándose de una reorganización, el juez debe considerar que la terminación pone fin al trámite conjunto de las acreencias y examinar si los mecanismos previstos en la legislación especial permiten superar el incumplimiento del promotor y continuar el proceso.
Por tanto, para terminar una reorganización por el numeral 1 del artículo 317 no basta verificar un requerimiento incumplido, sino que debe establecerse que la carga omitida impide continuar el trámite y valorar si existen instrumentos específicos que permitan obtener la actuación pendiente sin clausurar el concurso.
Del caso concreto
El 6 de febrero de 2020 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga admitió la reorganización y designó al deudor como promotor, a quien ordenó presentar, dentro de los 40 días concedidos, el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, incluidas las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y el inicio del proceso.
El 16 de noviembre de 2021 el juzgado lo requirió para que presentara ese proyecto y acreditara las inscripciones, comunicaciones y demás actuaciones pendientes del auto admisorio, para lo cual concedió 30 días y advirtió que su incumplimiento daría lugar al desistimiento tácito.
El 19 de julio de 2023 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga decretó la terminación del trámite, al advertir que el deudor no cumplió las cargas impuestas en el auto admisorio, pese al requerimiento del 16 de noviembre de 2021 y a que este se mantuvo al resolver la reposición.
Para ello, expresó que «el presente proceso se encuentra inactivo, sin que se diera cumplimiento a los requerimientos de impulso de los actos procesales obligatorios para el trámite del proceso» y dispuso su terminación «de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 317 del C.G.P.». (Negrilla fuera de texto.)
El interesado formuló reposición y, subsidiariamente, apelación; sin embargo, el 17 de febrero de 2025 el despacho mantuvo la determinación, con fundamento en el numeral 1 de esa disposición, porque el deudor no presentó el proyecto exigido en el requerimiento del 16 de noviembre de 2021, pese a los 30 días concedidos para cumplirlo.
Ahora, revisado el expediente digital, se advierte que el deudor efectivamente incumplió esa carga, pero el deber de prudencia impedía asumir que el vencimiento del plazo bastaba para terminar la reorganización, sin valorar las circunstancias de la omisión, sus consecuencias para el trámite colectivo y las facultades del juez para procurar su continuación.
En particular, debía considerar que la actuación pendiente correspondía al accionante como promotor y que la ley permitía removerlo y designar a otra persona para elaborar el proyecto, alternativa que exigía examinar antes de concluir que el incumplimiento justificaba cerrar el concurso.
En esa línea, el numeral 3 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006 dispone:
«Inicio del proceso de reorganización. La providencia que decreta el inicio del proceso de reorganización deberá, comprender los siguientes aspectos:
3. Ordenar al promotor designado, que con base en la información aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso, so pena de remoción, dentro del plazo asignado por el juez del concurso, el cual no podrá ser inferior a veinte (20) días ni superior a dos (2) meses». (Negrilla fuera de texto.)
Esa previsión se complementa con el numeral 8 del artículo 5 de la misma ley, que atribuye al juez del concurso la facultad de «Decretar la sustitución, de oficio o a petición de parte, de los auxiliares de la justicia, durante todo el proceso de insolvencia, con ocasión del incumplimiento de las funciones previstas en la ley o de las órdenes del juez del concurso, mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo».
A su vez, para los eventos en que el deudor cumple las funciones de promotor, el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010 establece:
«Las funciones que de acuerdo con la Ley 1116 de 2006 corresponden al promotor serán cumplidas por el representante legal de la persona jurídica deudora o por el deudor persona natural comerciante, según el caso.
Excepcionalmente, el juez del concurso podrá designar un promotor cuando a la luz de las circunstancias en su criterio se justifique, para lo cual tomará en cuenta entre otros factores la importancia de la empresa, el monto de sus pasivos, el número de acreedores, el carácter internacional de la operación, la existencia de anomalías en su contabilidad y el incumplimiento de obligaciones legales por parte del deudor».(Negrilla fuera de texto.)
Estas disposiciones permitían encomendar la elaboración del proyecto a otro promotor y, una vez presentado, continuar con su traslado a los acreedores, por lo que su ausencia no constituía un obstáculo insuperable para que el trámite avanzara.
Pese a ello, el juzgado mantuvo la terminación por el incumplimiento del requerimiento sin examinar esa alternativa, con lo cual aplicó la consecuencia procesal de manera automática y omitió valorar una herramienta expresamente prevista para obtener la actuación pendiente.
Ese proceder configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues hizo prevalecer la desatención de la orden sobre la posibilidad de continuar el concurso mediante el reemplazo del promotor, sin realizar el examen particularizado que exigían la naturaleza universal del trámite y las facultades conferidas al juez.
Conclusión
Por tanto, se revocará el fallo impugnado y se concederá la protección de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, para dejar sin efectos el auto del 17 de febrero de 2025 y ordenar al juzgado que resuelva nuevamente la reposición contra la terminación, con observancia de las consideraciones expuestas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 30 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y, en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Ángel Leonardo Díaz Villar.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 17 de febrero de 2025, mediante el cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió la reposición contra el auto del 19 de julio de 2023, que terminó por desistimiento tácito el proceso de reorganización empresarial radicado n.º 68001-31-03-007-2019-00330-00, así como las actuaciones posteriores que dependan de aquella decisión.
TERCERO: ORDENAR a la autoridad accionada a que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva nuevamente el recurso de reposición contra el auto del 19 de julio de 2023, conforme a las consideraciones de esta decisión.
CUARTO: Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
JUAN PABLO GIRALDO PUERTA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
(Ausencia justificada)